Artículo 14 CE

"Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social."

Una enfermedad que solo puede padecer la mitad de la población, y que carece de prestación específica, de registro y de unidades de referencia mientras otras patologías de prevalencia y gravedad similar sí las tienen, es un trato distinto sostenido en el tiempo cuya única variable diferencial es el sexo de quien la padece.

Artículo 15 CE

"Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes."

Someter a una mujer a 8-12 años de dolor incapacitante, invalidado sistemáticamente en la consulta médica, con el consiguiente riesgo de daño orgánico irreversible (pérdida de un riñón, resecciones intestinales severas, infertilidad) por la simple demora en el diagnóstico, no es un efecto colateral inevitable de la medicina: es un trato degradante sostenido en el tiempo por la inacción y el desinterés institucional.

Artículo 43 CE

"Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios."

Este artículo obliga a los poderes públicos a organizar servicios reales, no solo a redactar guías clínicas vacías de contenido y sin capacidad vinculante. Una «unidad de referencia» que existe únicamente sobre el papel pero que se vacía de personal según el gobierno de turno no cumple con la obligación de tutela activa que exige este artículo: cumple con la foto institucional, pero abandona por completo la prestación sanitaria.

Artículo 139 CE

"Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado."

La «lotería del código postal» —donde ser atendida en Málaga, Madrid o Castilla-La Mancha determina una experiencia clínica y un acceso a recursos radicalmente opuesto— es, literalmente, lo que este artículo prohíbe de forma expresa: que el ejercicio de un derecho fundamental dependa de la comunidad autónoma de residencia.

Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva (Artículo 27)

"Las Administraciones públicas garantizarán un igual derecho a la salud de las mujeres y hombres a través de la integración activa del principio de igualdad de trato [...] El fomento de la investigación científica que atienda a las diferencias entre mujeres y hombres en relación con la protección de su salud, especialmente en lo referido a la accesibilidad y el esfuerzo diagnóstico y terapéutico."

No invertir recursos en investigar una patología que incapacita a 2,5 millones de mujeres, no disponer de datos epidemiológicos oficiales (como exige esta propia ley en su mandato de desagregación de datos) y perpetuar un retraso diagnóstico de casi una década por absoluta falta de formación médica específica, choca frontalmente con este artículo.

Tiempo medio de retraso en España. Vulneración flagrante de la atención médica adecuada (Art. 12 CEDAW).

Sobrecoste para el Estado por urgencias recurrentes y pruebas ineficaces antes del diagnóstico.

Pérdida de productividad, presentismo y coste en bajas/incapacidades que asume la Seguridad Social.

Ausencia total de registro epidemiológico estatal y unidades acreditadas vinculantes.

Blindaje Jurídico y Presupuestario

Reestructuración del Modelo Asistencial

Perspectiva Feminista y Formación